El rostro del Tirano y el rostro del Mártir

El 23 de noviembre del año 1927, hace 91 años, fue asesinado por instrucciones presidenciales el Padre Miguel A. Pro Juárez, Beato de la Iglesia Católica.

El país sufría una terrible descomposición del orden establecido, que se manifestó con el estallido de varias revoluciones sociales. La nación se sacudía en una edad violenta enseñoreada por la intolerancia, el fanatismo, la ignorancia, la pobreza, la crueldad y la injusticia.

En ese entorno un sacerdote alcanza la gracia del martirio, partiendo de una brutal decisión del gobernante. 

Dos historias que se entrelazan, nos permiten ver un México bárbaro, cuna del México de hoy.

Dos rostros desiguales confluyen en un relato común, en donde sus cosmovisiones se enfrentan.

No se trata simplemente de una militancia religiosa ni exclusivamente de un dictamen de la gendarmería, ni de la venganza del tirano, es la lucha eterna entre el bien y el mal, es la personificación del non serviam de Lucifer.

Decía Morris West que una vez aceptada la existencia de Dios -como quiera que lo definas, como quiera que expliques tu relación con Él- desde ese momento,  estás atrapado para siempre por su presencia en el centro de todas las cosas.

También estás atrapado por el hecho de que el hombre es una criatura que camina entre dos mundos y va trazando en los muros de su caverna la maravilla y el terror que experimenta durante su peregrinaje espiritual.

La guerra civil, denominada cristera,  que sucedió entre los años 1926 a 1929 en México fue desigual y sorprendente. El estado había invadido la esfera privada y ¿acaso tendría alguna legitimación para hacerlo?  Ernesto Garzón Valdés apunta que: “tanto en la esfera económica como en la esfera religiosa, ambas privadas, tienden a concentrarse poderes (en este caso privados) que buscan actuar en secreto, a espaldas de la gente”.[1]

Aparece entonces una pregunta ¿Es posible delimitar exactamente el ámbito de lo privado y, por lo tanto, de lo público? ¿Compete  al gobernante decidir la vida religiosa del pueblo?, ¿compete a los líderes de las religiones intervenir en la vida política del estado?

En el México de finales de los años veinte el gobernante se asumió con todas las potestades y resolvió en todas las esferas de los ciudadanos.

El derecho humano a la libertad religiosa entendida también como principio, es pues el asunto clave y fundamental,  sobre todo, si la mayoría orienta normalmente la vista en el tema de la separación Iglesia-Estado y cada vez que se toca la cuestión de la Libertad Religiosa en México, se consideran, casi exclusivamente, las relaciones Iglesias-Estado, como aceptando que el sujeto del derecho a la Libertad Religiosa son las sociedades religiosas y no las personas humanas.

Sería totalmente absurdo negar que el gobierno debe ejercer la autoridad, sin embargo esa autoridad sobre los demás debe ejercerse a través de la persuasión: la coerción es legítima solamente en los casos de comprobada e injustificada resistencia y rebelión. Pero no puede persuadirse a los ciudadanos sino con la luz de la verdad y el atractivo del bien. Desgraciadamente la elección del autoritarismo está siempre muy cerca de los altos rangos de la autoridad y tenemos muchos ejemplos de ello en la historia patria.

 

Atisbando el rostro del tirano.

Al vendedor de baratijas, el abonero, el marchante, que por lo general era un inmigrante de origen árabe o judío, en el norte de la república le apodaban turco.

El turco Plutarco, de ceño adusto, lleno de pesar, umbrío, caminó toda su vida discurriendo hacia su origen, no fue aceptado ni por la sinagoga ni por la iglesia, por lo que las refutó como opciones fanáticas. En el otoño de su vida fue avisado espiritista, intentando descubrir la verdad por vías más fanáticas que las que combatió.

Al mediodía  del 1 de noviembre de 1924 salió el General Plutarco Elías Calles del estadio nacional con la banda presidencial cruzada al pecho, la usaría hasta al 30 de noviembre de 1928. Luego ya sin banda conservó el poder hasta 1936, en el período conocido como Maximato.

Indudablemente tenía talento administrativo, fundó con la ayuda del Lic. Manuel Gómez Morín el Banco de México, restauró parcialmente la economía auxiliado del Lic. Alberto J. Pani. Otro de sus logros fue el de institucionalizar el partido de los caudillos de la revolución.

Por un lado mostró prudencia en las relaciones internacionales, por otro manifestó tibieza en el trato con Estados Unidos, de quien parecía vasallo.

Durante su gestión se consumaron cuartelazos y algunos atentados en varios estados de la república por ejemplo, en Oaxaca, donde el gobernador Onofre Jiménez fue acusado de delinquir y sustituido por Genaro V. Vázquez; en  San Luis Potosí Aurelio Manrique fue desaforado; en  Jalisco a José Guadalupe Zuno se le consignó al Gran Jurado.

A sus opositores los trató con rudeza inusual, al general Francisco R Serrano y trece seguidores  los mandó aprehender en Cuernavaca y luego fueron asesinados en camino a la ciudad de México, en el poblado de Huitzilac. Al General Arnulfo R. Gómez lo fusilaron el 4 de noviembre de 1927 por el delito de ser candidato del partido anti releccionista, en ambos casos no mediaron si quiera  juicios sumarios.

El 15 de marzo 1925 extraditó de la república a los clérigos españoles, privando así al catolicismo mexicano de su mejor refuerzo.

Generó uno de los conflictos religiosos más dramáticos en la historia, en donde el ejército mexicano formado en su mayoría por católicos, tenía que combatir y acabar con la población católica que se levantó en armas.

Calles que fuera maestro en Sonora, conocía que un pueblo educado es más difícil de acarrear, y también sabía que si adicionalmente existe una ideología o una religión, se opondrían a sus resoluciones. Por ello mando clausurar las  escuelas particulares en donde se enseñaba religión; el número de párrocos fue limitado. Estos y otros atropellos antirreligiosos irritaron al pueblo, que no tardo en provocar una sublevación.

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado en su informe de gobierno de 1985,  comentó: “la etapa bélica de la Revolución duró casi una década: más de un millón de mexicanos murieron; es más, no olvidemos que en los años veinte doscientos mil mexicanos perdieron la vida en una guerra religiosa”.

No hay precisión en las cifras de muertos, sin embargo, si un gobierno le declara la guerra al pueblo, por el mero hecho de pertenecer a una religión, estamos ante un grave tipo de genocidio.

 

La Ley Calles

“El poder coactivo del Estado exige que los titulares de los órganos de autoridad adviertan el riesgo que implica el ejercicio de sus potestades, y las controlen” Diego Valadés Rios.

Para perfeccionar una ley y exigir su cumplimiento se requiere el reglamento respectivo o las leyes secundarias, en junio de 1926, el Presidente Plutarco Elías Calles hizo publicar la “Reglamentación de la ley sobre Colegios Particulares”. De la noche a la mañana, más de 50 colegios de la capital de la República fueron clausurados, y a principios de 1927 sumaban ya 157 los establecimientos escolares católicos cerrados por la fuerza. Con la misma violencia se cerraron algunos asilos católicos.

Empero cuando se promulgó la reforma del Código Penal, llamada “Ley Calles”, aprobada el 14 de junio de 1926, publicada el 2 de julio y con entrada en vigor el 31 de julio, se estaba formalizando la guerra del Estado contra la Iglesia Católica.

Entre otras cosas la ley prohibía enseñar religión en la escuela primaria, emitir votos religiosos, celebrar actos religiosos fuera de los templos, usar sotana o hábito religioso fuera de los templos. El artículo 19 de la ley exigía a los sacerdotes, que se registrasen ante las autoridades civiles prescindiendo de las eclesiásticas para el ejercicio de su ministerio en los templos, lo que hacía a los sacerdotes depender en su ministerio espiritual del gobierno civil.

Prácticamente los poderes federales obtienen facultades para intervenir en materias de culto (esfera de lo privado) y de disciplina externa; los sacerdotes reducidos a profesionistas y obligados a sujetarse a las leyes que regulen el ejercicio de su profesión; los templos pasan a propiedad del Estado, y sin libertad los católicos para levantar nuevos. ¿Qué queda de la libertad? ¿No es esto destruir en su esencia la sociedad religiosa, de suyo independiente del Estado? ¿No es sujetar la conciencia individual en sus relaciones con Dios a los poderes públicos? ¿No es esto esclavizar al poder del Estado, no sólo la Iglesia, no sólo al clero, como se pretende hacer creer, sino a los católicos todos, los hombres todos que tengan religión? ¿Y hacer esto no es tiranía?».

El tipo de gobierno del General Plutarco Elías Calles, se puede ejemplificar con el texto de Santo Tomás de Aquino que ahora transcribo:

“Sus Príncipes serán entre ellos como lobos que arrebatan la presa para derramar la sangre”. De este modo de gobierno nos dice el sabio que debemos huir, diciendo: “Apártate del hombre que tiene potestad para matar”, porque no da la muerte según la justicia, sino con abuso del poder y por la pasión de su voluntad.

Así que en tal estado no puede haber ninguna seguridad y todo es incierto. Cuando el gobierno se desvía de lo justo, no puede haber firmeza en nada que esté puesto en la voluntad de otro, por no decir en el capricho. Ni sólo dañan a los súbditos en los bienes corporales, sino que los impiden para los del ánimo, por lo que apetecen más el mandar que: el aprovechar, estorbando el aumento de los súbditos, temiendo que cualquiera excelencia de ellos sea dañosa a su inicuo señorío; porque los tiranos más se temen de los buenos que de los malos, y siempre la ajena virtud les es espantosa, y así se esfuerzan para procurar que sus súbditos no sean gente de virtud ni tengan pensamientos magnánimos, para que no dejen de sufrir su mal gobierno, y que entre ellos no haya conciertos, ni amistades, ni gocen de la correspondencia de la paz.[2]

Ante la ley Calles, el alto clero reclamó de forma inmediata, pero las cartas estaban echadas,  la misma ley ya no los reconocía como sujetos de derechos, ni con personalidad jurídica, y lógico que el gobierno no aceptó ninguna de sus quejas.

Hubo entonces que proceder a una manifestación extrema, la suspensión del culto.

Parecerá coincidencia pero la ley Calles entró en vigor el 31 de julio de 1926, el día que en el santoral católico se celebra a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

El presidente Elías Calles utilizó a los periódicos para hacer ver que los obispos y en general el clero eran rebeldes a la ley al cerrar las Iglesias y suspender el culto, por otra parte comentó al General Joaquín Amaro y al general Adalberto Tejeda  que con el cierre de las iglesias, lo único que obtendrían es perder adeptos, calculando que por lo menos el 2% cada mes.

Nada se resolvió y a partir del mes de agosto de 1926 se inició la resistencia de los católicos, en especial en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Zacatecas y Durango.

La guerra cristera constituyó una sorpresa para el Gobierno, que consideraba la religión como cosa de mujeres. La guerra también fue una sorpresa para el Clero, que siempre ha condenado los medios violentos. Los levantados en armas fueron llamados cristeros por su grito de guerra “Viva Cristo Rey” y por llevar crucifijos al pecho.

La guerra cristera contra el gobierno no fue iniciada por el clero de iglesia, ni por los católicos políticos, ni por los lacayos de los obispos, ni por los adeptos de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, fue iniciada por feligreses comunes que sintieron la amenaza del Tirano.

El Clero reaccionó muy prudentemente. Era imposible esquivar el problema en el campo teológico, ya que no pocos jefes cristeros acudieron a consultar a sus párrocos, y estos trasmitieron las consultas a sus obispos o a los teólogos romanos, quienes finalmente reconocieron como lícito el defender los derechos ultrajados.

El Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias, ni proscribir ni tratar de imponer convicciones religiosas. Siempre que ha pretendido hacerlo, quebranta la unidad y el vigor de la Nación, subvierte el orden social y ataca la dignidad humana.

La libertad religiosa, de convicción, de práctica y de enseñanza, debe ser real y plenamente garantizada en México y debe desa­parecer de las leyes y de la actividad del Estado toda medida directa o indirectamente persecutoria. En ello están comprometi­dos la unidad y el decoro nacionales.

El Estado debe garantizar la libertad religiosa, para que todas las personas puedan manifestar sus convicciones, individualmente y en común, en público y en privado, por la enseñanza, la predicación, el culto y el cumplimiento de los ritos. [3]

Corría el año de 1925, en el jardín del seminario Jesuíta de Enghien Bélgica, caminaba rumbo a la capilla el joven estudiante de teología, Miguel Agustín Pro. Antes de llegar a la Capilla el seminarista recibe un comunicado de parte del Padre Provincial; se ha autorizado su ordenación sacerdotal.

Minutos después entra a la escena José Amozurrutia, otro jesuita mexicano que estudiaba en Enghien. Miguel le dijo, Monseñor Lecomte será el obispo que nos ordene el 30 de agosto y se espera que quizá pronto regresaremos a México, sin embargo, las cosas allá siguen muy mal, Calles insiste en acabar con la religión y puede haber una nueva revolución.

Miguel Agustín no dice nada, está más que asustado por la noticia de su ordenación, aún no concluye la Teología y no se siente preparado para tal responsabilidad.

La salud de Pro había mermado considerablemente en Europa, no solamente los padecimientos gástricos por los que fue operado, sino el inclemente invierno que lo afecta de forma significativa.

Días después de la ordenación sacerdotal, el Padre Pro fue internado de emergencia en la clínica de Sain-Remy, en donde el 17 de noviembre le practicaron una nueva operación por tres úlceras y posteriormente tendría dos operaciones más que lo mantuvieron en reposo hasta marzo de 1926, El P. Picard del Teologado  de Enghien con una especial caridad, toma una resolución: Los medios humanos para salvar la salud del P. Pro están agotados. Será un consuelo para él, morir en su patria y despedirse de los suyos hasta la eternidad. Le dice llanamente «Regrese usted, a México, para morir en su patria».

El 7 de julio el Padre Miguel Agustín llegó a la capital, de inmediato es puesto a trabajar en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de la paz, ubicada en la calle Enrico Martínez.

El inicio de la suspensión del culto está por empezar, el trabajo en la iglesia es abrumador, pero como si de pronto la acción diera vida y fuerzas al enfermo, el Padre Pro se aprecia más sano que cualquiera, con una vitalidad asombrosa.

A causa de la persecución en su ejercicio profesional va disfrazado, el atuendo recorre todas las capas sociales: desde un pantalón de mecánico, con gorra calada hasta los ojos, hasta de catrín, con corbata y sombrero elegante, fumando buenos cigarrillos de boquilla.

Miguel debe trabajar mucho pues, aparte de estas labores sacerdotales, también ayuda a sostener a muchas familias indigentes: pidiendo limosnas de puerta en puerta.

El 13 de noviembre de 1927 el General Álvaro Obregón (a la sazón presidente re-electo) asistirá a la plaza de toros, pero antes decide dar un paseo por Chapultepec, en donde sufre un atentado, que finalmente no le ocasionó daños mayores.

El automóvil de los presuntos magnicidas es identificado como propio de integrantes de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, y aunque había sido vendido recientemente, fue propiedad de Humberto Pro. Este hecho bastó para implicar a Humberto y a sus hermanos, Miguel el sacerdote y Ricardo un menor de 18 años.

Al enterarse del atentado Humberto recomienda a Miguel que se escondan, y se alojan en una casa de la Calle de Londres, de donde el día 20 son apresados por la policía y llevados a los separos.

El Ing. Luís Segura Vilchis, responsable de la acción guerrillera es apresado en la Compañía de Luz en donde trabajaba. También atraparon a Nahúm Lamberto Ruiz y Juan Antonio Tirado Arias, en el caso de Nahum, el mismo día del atentado, puesto que una bala le atravesó la cabeza, murió  días después sin declarar. En el caso de Tirado y Segura, también serían fusilados.

Del acta de la gendarmería se tendría que desprender o la libertad de los presos o el seguimiento de un proceso judicial.

El 22 de noviembre de 1927 el General Roberto Cruz Director de la Inspección General de Policía y su secretario particular firman el acta del dictamen en donde se determina aplicar la pena de muerte por fusilamiento a los presuntos autores del atentado del 13 de noviembre de 1927 al General Obregón, entre los que se distingue al joven sacerdote jesuita.

9 días apenas del malogrado atentado, bastaron para ordenar la pena capital, Calles no toma en cuenta las recomendaciones del Coronel Roberto Cruz, quien al concluir el acta del dictamen de policía recomienda el proceso judicial.

En opinión del General Roberto Cruz, Calles fue el responsable de la muerte de Pro.

A continuación, Calles guardó silencio. Como yo no le dijera nada, me vio fijamente. Recuerdo sus ojos pequeños clavados en los míos.

Luego dijo Calles: -Esos individuos son implacables en sus procedimientos. Ahora fue el general Obregón, mañana seré yo, después usted. Así es que dé las órdenes correspondientes y proceda a fusilarlos a todos.

Otro silencio en el despacho presidencial. Largo, intenso. Nuevamente los ojos del general Calles en los míos, inquisitivos e imperantes al mismo tiempo.

Le dije yo entonces, con todo el respeto debido, que si no le parecía más conveniente que los consignáramos a las autoridades judiciales, a un tribunal.

-¡No! -respondió.

Ahí quedó esa palabra, vibrante, única, momentáneamente absoluta.

-Hay que cortar el mal a tiempo, general Cruz. Ejecútelos y en cuanto esté cumplida la orden, venga a darme cuenta de ella.

Todo se hizo como él lo dispuso, a la mañana siguiente. Yo vi a los tres: al curita, al ingeniero Luís Segura Vilchis y a Tirado. Este pobre hombre estaba acobardado. Iba tapado con una cobija, arropado. Para qué querrá la cobija -pensé entonces-, si pronto va a estar frío y frío para siempre…[4]

«¿Qué me reprochan? ¿Qué obedecí las órdenes del presidente Calles? ¿Podría no hacerlo como militar? Entonces sí hubiera merecido todas las sanciones porque eso no le está permitido a un soldado con honor.»

Lo que no previó Calles es que al darle demasiada publicidad al fusilamiento, demostró que el odio podía más que el derecho, porque no se siguieron las formalidades legales, no hubo juicio, no se acató lo establecido en el código penal vigente[5] en específico las violaciones al Art. 248 La pena de muerte no se ejecutará en público, sino en la cárcel o en otro lugar cerrado que el juez designe, sin otros testigos que los funcionarios a quienes imponga este deber el Código de Procedimientos, y un sacerdote o ministro del culto del reo, si éste lo pidiere.

Obviamente al no haber juicio previo no hubo decisión del juez para designar el lugar del fusilamiento, ni asistió al Padre algún sacerdote, ni se hizo en un lugar cerrado y sin público, y entre los testigos estaban todos los periódicos y los fotógrafos de Casasola, que registraron las fotos del evento.

Miguel Pro había brillado por un talento cautivador; en todos los países por donde pasó, dejó una estela de admiraciones y simpa­tías. Era, sobre todo, un religioso alegre, que sabía identificarse con los que menos favorecidos, con la clase trabajadora, con los jóvenes,  con las mujeres, pero en especial con sus hermanos de religión y ministerio, no cabría la mínima sospecha de estar ante un anarquista antipatriota.

Después de la exhaustiva investigación, en el proceso de canonización del Padre se ordenó su beatificación el 25 de septiembre de 1988, Juan Pablo II proclamó “Beato” al P. Pro, dándole el título de mártir.

El gobernante, que aun cuando llega al poder legítima o ilegítimamente, lo usa por completo a su arbitrio, se denomina Tirano. En el México de 1927 había una Constitución que prohibía que cualquier persona fuera detenida y mucho menos ejecutada sin el debido proceso legal (art.14). Ni en el caso del padre Pro y sus compañeros de ejecución, ni en el caso del general Francisco Serrano y sus numerosos acompañantes, ¡todo en el fatídico año de 1927!, se tuvo en cuenta a la Constitución.

Este estudio que originalmente se orientaba a expresar la necesidad de  promover el Derecho de la Libertad Religiosa, me ha concedido conocer las graves implicaciones que se generan cuando se comete un crimen de estado.

Hoy nuestro país sigue inmerso en un período de intolerancia, y para demostrarlo analicemos lo que sigue sucediendo. Mientras algunos legisladores de la Asamblea de Representantes despenalizaron el  aborto, materia que de suyo requería la intervención de los mejores expertos en el campo de la medicina, de la salud pública, de las políticas gubernamentales, de la atención psicológica, del derecho, etc.  Ha sido muy conocido que las opiniones de los ministros de las iglesias y de los fieles de las iglesias están limitadas, luego entonces, se confirma que existen dos tipos de ciudadanos en México: unos con plenitud de derechos y otros con derechos políticos restringidos, lo que con pena ratifica que aún no hay  Libertad Religiosa en nuestra patria.

Por otro lado es extraño que exista una gran libertad para difundir a través de los medios de comunicación materiales agresivos para con la dignidad de la persona humana, y sin embargo, no se dé igual derecho para hacer una propuesta en base a valores o a la creencia de cada quien, porque  tal parece que esto es mucho más peligroso,  o sea que el anuncio explícito de vicios o de violencia o de promiscuidad sexual, tal y como hoy se permite en nuestra legislación, hace menos daño que la opinión de un religioso o de un grupo a favor de la vida.

El caso del Padre Pro fue uno entre muchísimos que se registraron en la época violenta de la cristiada, conviene buscar la forma de una convivencia que utilice al Derecho para resolver los problemas que surgen en la realidad que vivimos, fue suficiente una cruenta guerra sin sentido, plazca a Dios que entendamos el mensaje.

Quiera Dios que ya no haya Tiranos en esta bendita Tierra.

[1] Garzón Valdés, Ernesto, Revista Claves de Razón Práctica, número 137, Madrid, España, noviembre 2003, republicado en el cuaderno 6 de transparencia IFAI octubre de 2008.

[2] Tomás de Aquino, opúsculo “ Tratado del Gobierno de los Príncipes”, De Regimine Principum ad Regem Cypri, Cap. 3, disponible en Internet

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/gob_princ.pdf

[3] Cfr. Texto de los principios de doctrina aprobados en la fundación del Partido Acción Nacional.

[4] Scherer García, Julio,  El Indio que mató al Padre Pro, FCE, México, 2005, Pág. 68.

[5] el Código Penal vigente en la época (1927), llamado “Código Penal de 1871” denominación indebida por haber sido una ley emitida por el Congreso de la Unión, por lo que su nombre debe ser “Ley Penal de 1871”.

 

Iñigo Alonso Yáñez Rodríguez

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El Rostro del Mártir y el del Tirano
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